26 agosto, 2009

Atentos a las academias de formación.

Ummm, interesantísimo esto que nos avisa el Gobierno Andaluz en su página de la portavocía. Cuatro de cada diez academias de formación vulneran las normas que protegen al consumidor.
En estos tiempos de crisis económica, las oposiciones al estado es la solución para muchas personas, y las academias hacen el agosto. Pero hay que tener cuidado por lo que se ve.
Pero yo no sólo vigilaría a las academias. Lo haría también con los preparadores, que juegan con la ilusión y el dinero (y bastante) de mucha gente, que creen que están aprendiendo y cuando llegan a la oposición se encuentran como se suele decir, con la cara partida.

Cuatro de cada diez academias y centros privados de formación que expiden títulos no oficiales en Andalucía incumplen alguna de las normas que protegen a los consumidores, fundamentalmente en lo que se refiere a la información con la que debe contar el usuario antes de formalizar un contrato con algún establecimiento de este tipo.

Así se desprende de los resultados de la campaña llevada a cabo en 2008 en este sector por la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud, en la que se detectaron anomalías en un 44% de los casos. El control a este sector se está realizando de nuevo este año a través de inspecciones en más de 300 academias y centros privados de las ocho provincias andaluzas.

La Junta ha considerado oportuno continuar la labor de vigilancia para mejorar la calidad de la información que se proporciona al consumidor, ya que la contratación de este tipo de servicios suele tener gran impacto en los intereses económicos de los usuarios. Además, a menudo los ciudadanos depositan grandes expectativas en estos centros debido a la publicidad e información que reciben, ya que en algunos casos se prometen salidas profesionales seguras o títulos homologados, mientras se proporciona, sin embargo, escasa información sobre el coste total del programa, la forma de pago o los materiales y servicios que están incluidos.

El número de reclamaciones recibidas por los servicios de Consumo de la Junta contra academias privadas en Andalucía casi se ha duplicado en el primer semestre de 2009 en relación al mismo periodo del año pasado, pasándose de 80 a 153 quejas.

La campaña que se desarrolla este año comenzó en junio y se prolongará hasta noviembre, abarcando así todo el verano, periodo en el que se concentra mucha de la demanda que tienen estos centros, así como los meses de septiembre y octubre, que coinciden con el inicio del curso académico oficial y también con gran parte de la demanda de los usuarios respecto a los centros privados de formación.

Por provincias, la Administración autonómica tiene previsto inspeccionar un mínimo de 25 de estos establecimientos en Almería, 40 en Cádiz, 35 en Córdoba, 40 en Granada, 25 en Huelva, 35 en Jaén, 50 en Málaga y 50 en Sevilla. Los idiomas, la preparación de oposiciones, la informática, la formación recreativa y de ocio, el apoyo a la enseñanza reglada o la formación de cara a un futuro empleo son los ámbitos de las ofertas de las academias y centros no reglados que están siendo inspeccionados.

Mediante estos controles se comprueba si la información que se facilita al usuario acerca de las características del centro y de los cursos ofertados es completa y correcta. Además, se verifica si los contratos de enseñanza y de financiación de los cursos cumplen las disposiciones que protegen los derechos de consumidores y usuarios. Durante la ejecución de la presente campaña se vigilarán especialmente los cursos cuya contratación se haga a distancia, fuera del establecimiento mercantil o vía internet.

Centros de idiomas y preparación de oposiciones

Además, los inspectores de Consumo de la Junta priorizan los centros de formación de idiomas, especialmente aquéllos que emplean métodos audiovisuales y sistemas no presenciales, así como las academias que ofertan cursos de preparación de oposiciones. Igualmente, los centros en cuya publicidad se anuncia la homologación con instituciones oficiales están siendo revisados de manera especial, para constatar que efectivamente dicha homologación es efectiva.

Del mismo modo, la Administración andaluza presta especial atención en esta campaña a los centros privados de enseñanza en cuya publicidad se anuncia fácil acceso al mundo laboral, así como a los que efectúan la contratación y facilitan la información fuera del establecimiento mercantil o a través de internet.

Durante las inspecciones se comprueba el contenido de los carteles que se exhiben en los lugares habilitados para información al público, que deben incluir una nota expresa sobre la no autorización del centro por parte de la Consejería de Educación, ni por ninguna otra administración o, en su defecto, la indicación: carácter privado. No oficial. Este requisito no se cumplía en el 39% de los centros visitados por los inspectores el año pasado.

Igualmente, deben contener una nota expresa sobre la existencia del libro de hojas y reclamaciones a disposición de los usuarios, una circunstancia que incumplía el 9%; así como sobre la persona física o jurídica responsable del centro, de la que no se disponía en el 17% de los casos.

Los inspectores verifican también la información a disposición de los ciudadanos antes de la contratación, en la que debe incluirse la denominación, duración, horario y contenidos del curso, al igual que el precio total del curso y la forma de pago, que en 2008 no se especificaba por parte del 5% de las academias.

Créditos sin el interés aplicable

Respecto a la decena de ofertas de créditos para financiar cursos que fue objeto de inspección en la campaña de 2008, el 60% carecía de un documento previo a la celebración del contrato con todas las condiciones. Además, en la mitad de estas ofertas no se precisaba la Tasa Anual Equivalente (TAE), al tiempo que en el 40% de ellas no se especificaba el coste total del curso, incluidos los intereses y todos los demás gastos y cargas que el consumidor esté obligado a pagar. Del mismo modo, en la mitad de los casos tampoco se informa al cliente del límite de crédito, el tipo de interés aplicable y el procedimiento para la resolución del contrato.

En el caso de que se anuncie la homologación de un curso con alguna institución oficial --este tipo de centros no están homologados pero sí pueden ofrecer algún curso que lo esté--, se vigilará que dicha homologación se anuncie para el curso en cuestión y no para todo el centro. En estos casos los inspectores solicitan el certificado de homologación del curso del que se trate que, según los datos de la campaña del año pasado, no tenía el 8% de los establecimientos que publicitaban dicha homologación.

Si se anuncia la validez de un curso determinado para la puntuación en bolsas de trabajo, debe especificarse la cuantía, el baremo y condiciones, un extremo que en la campaña de 2008 se incumplía en uno de cada tres centros.

En relación a los contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil, más de la mitad no se formaliza por escrito, al mismo tiempo que el 20% no va acompañado de un documento que permita al consumidor revocarlo libremente en el plazo de 7 días si así lo estima conveniente, tal y como establece la normativa de Consumo.

Sobre las contrataciones celebradas por internet, las irregularidades más comunes consisten en que no constan los datos de inscripción en el Registro Mercantil, no se informa del archivo del contrato por parte del prestador, ni tampoco de los medios técnicos para identificar y corregir errores. Además, en el caso de contratos realizados por internet otra de las anomalías detectada es la falta de información sobre el derecho de desistimiento, o bien la imposición de limitaciones o penalizaciones en su ejercicio.

Recomendaciones

La Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud recomienda que antes de contratar cualquier curso en este tipo de centros, se recabe toda la información sobre el mismo, con especial atención a sus contenidos, material disponible y metodología seguida --si se trata de clases presenciales, asistencia telefónica u 'on line'--. Igualmente, los usuarios deben saber la duración y programación del curso, así como los títulos o certificados que se expiden. También es conveniente conocer la titulación o cualificación profesional del personal docente.

En relación al precio, los consumidores deben disponer de información sobre las modalidades de pago, el coste total del curso y los diferentes conceptos que lo forman, tales como matrícula, inscripción, gastos de material, gastos de envío, etc. El consumidor deberá ser especialmente precavido en el caso de optar por financiar el curso a través de un crédito y tendrá derecho a solicitar una oferta vinculante con todas las condiciones de dicho préstamo. Guardar la publicidad y comparar las distintas ofertas son otros de los consejos para los usuarios interesados en acceder a formación en este tipo de centros.

Durante la campaña de inspección de la Junta de 2008 a las academias y centros privados de formación que expiden títulos no oficiales en Andalucía se controlaron un total de 218 establecimientos, en los que se efectuaron 243 actuaciones, en las que en 107 se detectaron irregularidades (el 44%). La sanción media para los establecimientos que incumplieron el año pasado fue de 1.044 euros, al tratarse en todos los casos de faltas de carácter leve.

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